La reciente aprobación del Decreto ley 6/2025 por parte del Gobierno de Canarias vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural que se repite en distintos ámbitos de la acción pública: la creciente complejidad administrativa y la rigidez de los plazos legales. Un binomio que, lejos de garantizar mayor seguridad jurídica, en muchos casos termina generando bloqueos, retrasos y consecuencias desproporcionadas para administraciones, empresas y ciudadanía. Las reformas urgentes de la Ley del Suelo y de la Ley de Sociedades Cooperativas son dos ejemplos claros de esta disfunción.
En el ámbito de la ordenación del territorio, la Ley del Suelo ha evidenciado cómo los tiempos legales no siempre encajan con la tramitación real de los planes urbanísticos y territoriales. Informes ambientales, alegaciones, consultas sectoriales y trámites paralelos convierten estos procedimientos en procesos largos y técnicamente complejos. Cuando el simple vencimiento del plazo de vigencia de un informe ambiental obliga a reiniciar todo el procedimiento, incluso en fases finales, el sistema se vuelve ineficiente y penaliza el trabajo ya realizado, sin aportar mayores garantías ambientales.
Algo similar ocurre en el terreno de la economía social con la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias. La obligación de adaptar los estatutos en un plazo cerrado, bajo la amenaza de disolución automática, ha chocado con la saturación administrativa del registro competente. Cooperativas activas, con empleo y actividad económica real, se han visto al borde de la liquidación no por incumplimiento voluntario, sino por retrasos en la resolución de expedientes que dependen exclusivamente de la Administración.
Ambos casos revelan una misma tensión: normas bienintencionadas que, al aplicarse con plazos inflexibles, no tienen en cuenta la capacidad real de gestión ni la complejidad técnica de los procedimientos. La consecuencia es una inseguridad jurídica paradójica, en la que cumplir con todos los trámites no garantiza llegar a tiempo, y donde el interés general se ve perjudicado por automatismos legales difíciles de corregir a posteriori.
El decreto ley, aprobado en diciembre por la Mesa del Parlamento y que será tratado próximamente en la Comisión de Cabildos, pretende precisamente corregir esa disfunción con medidas urgentes y excepcionales: ampliar plazos, permitir prórrogas justificadas y evitar efectos irreversibles por causas ajenas a los interesados. Más allá de su contenido concreto, el mensaje de fondo es claro: sin una adaptación realista de los tiempos legales a la complejidad administrativa, el riesgo no es solo el colapso de expedientes, sino la pérdida de oportunidades económicas, sociales y territoriales para Canarias.
