La Ley 5/2019 de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias parece haberse convertido en una declaración de intenciones sin respaldo económico real. Siete años después de su aprobación, el Gobierno autonómico ha admitido ante el Parlamento que nunca ha cumplido con los mínimos de financiación que la propia norma establece. En una respuesta oficial al diputado Raúl Acosta, el Ejecutivo confiesa que «la cifra del 10% del importe total del presupuesto que recoge la Ley no ha sido alcanzada ni en 2025 ni en los años posteriores a la entrada en vigor de la citada ley».
Esta cláusula de la ley no es una sugerencia, sino un mandato que obliga a la Consejería de Cultura a destinar «al menos el diez por ciento del importe total de los presupuestos de su departamento a mejorar y extender los servicios bibliotecarios de Canarias, modernizando los establecimientos y la atención al público». El objetivo legal es garantizar que los ciudadanos puedan acceder a la lectura y la información en igualdad de condiciones, independientemente de en qué isla vivan. Sin embargo, la realidad presupuestaria sigue muy lejos de ese blindaje.
En el ejercicio 2025, el Ejecutivo destinó apenas 1.850.000 euros al Sistema Bibliotecario de Canarias. De esa partida, el Gobierno aclara que «una parte importante (850.000 euros) se utilizó para sufragar los gastos de adquisiciones bibliográficas y desarrollo de actividades socioculturales, entre otros, de las dos bibliotecas públicas del Estado, la de Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife». Esto deja una cantidad mínima para el resto de la red de bibliotecas de las islas, dificultando cualquier plan de modernización real.
La justificación para este déficit se apoya en la habitual cláusula de escape: la inversión queda condicionada a la «evolución general de la economía y su concreción en disponibilidades presupuestarias». En la práctica, esta explicación confirma que el derecho a la lectura no ha sido una prioridad económica dejando el cumplimiento de la ley en suspenso de forma indefinida.
