La crisis de la vivienda continúa siendo una de las prioridades políticas en Canarias, y el reciente cierre del debate presupuestario de 2026 en el Parlamento de Canarias ha situado de forma explícita recursos significativos para promoción pública y construcción de vivienda asequible, acompañado de iniciativas para activar el parque residencial y fomentar la colaboración público-privada.
Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, aprobados a mediados de diciembre por la Cámara regional, destinan una partida histórica al Instituto Canario de la Vivienda, con un incremento cercano al 15 % respecto a 2025 y un total aproximado de 197,5 millones de euros. Este aumento responde a la necesidad de reforzar la inversión en vivienda protegida, construcción de nuevos alojamientos en alquiler y medidas de acceso asequible para familias y jóvenes.
El presidente canario, Fernando Clavijo, defendió el presupuesto ante el pleno resaltando que estas cuentas ofrecen estabilidad financiera en un entorno complejo, permitiendo acelerar la construcción de vivienda social sin dejar de atender otras necesidades prioritarias del Archipiélago.
Atlántico Hoy
Proyectos ya en marcha: ayudas y construcción real
Pero los compromisos presupuestarios se están traduciendo en proyectos tangibles incluso antes del inicio del ejercicio 2026. El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) ha resuelto la convocatoria de subvenciones de 2025 destinada a la construcción de viviendas protegidas en alquiler, con una dotación global de 2 millones de euros. Estas ayudas han permitido financiar a dos promotores: Viviendas Gran Canaria 2025 S.L. y la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de San Cristóbal de La Laguna (Muvisa), para proyectos dirigidos al parque público de alquiler asequible.
Además, en Tenerife, el Cabildo ha aprobado inversiones por unos 21,1 millones de euros para construir 120 nuevas viviendas asequibles en los municipios de Güímar y San Miguel, un paso concreto que responde a la presión residencial en zonas donde la demanda supera con amplitud la oferta.
Plan de Vivienda 2026–2029 y marco estratégico
El documento de presupuestos detalla que más de 2.000 viviendas públicas están ya en marcha gracias a inversiones históricas iniciadas en años recientes y que el Plan de Vivienda 2026-2029, en fase final de diseño, tiene como ejes la vivienda en alquiler asequible, la regeneración urbana y rural y el fomento de la rehabilitación energética de edificios.
Este impulso se produce en un contexto en el que los precios de la vivienda continúan al alza y la oferta residencial es escasa, especialmente en las islas no capitalinas y los núcleos urbanos donde la presión demográfica y la demanda turística tensionan aún más el mercado.
Gobierno de Canarias
Influencia del Parlamento y acceso a fondos
Paralelamente, iniciativas legislativas impulsadas desde el ámbito estatal con el respaldo de representantes canarios han tratado de facilitar el uso de herramientas fiscales para construir y rehabilitar vivienda. En junio de 2025, el Congreso aprobó una modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) que permite recurrir a la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) para destinarlas a vivienda en alquiler residencial, un cambio que abre nuevas fuentes de recursos para incrementar el parque protegido.
Aunque las partidas presupuestarias y los proyectos en marcha son pasos relevantes, diversos grupos parlamentarios advierten que la respuesta todavía no responde a la magnitud del problema estructural de acceso a la vivienda en el Archipiélago. La oposición ha señalado la falta de recursos para proyectos específicos -como campus de viviendas modulares para estudiantes- y ha pedido enfoques más ambiciosos que incluyan colaboración con administraciones locales y financiación estatal adicional.
En definitiva, Canarias entra en 2026 con una hoja de ruta presupuestaria impulsada desde el Parlamento que combina recursos reforzados, proyectos concretos y cambios normativos orientados a aliviar la crisis de vivienda, aunque la eficacia de estas medidas será analizada en función de su capacidad para aumentar de forma sustantiva la oferta de alquiler y proteger a las familias frente a la creciente presión del mercado.
