Canarias sigue siendo una de las comunidades con mayor tasa de agresores de violencia de género controlados mediante pulseras telemáticas. Una grave realidad que motivó una pregunta directa en el Parlamento regional y que ha obligado al Gobierno autonómico a explicar qué se está haciendo -y qué no- para reducir una cifra que no deja de aumentar.
La cuestión fue planteada por el diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Raúl Acosta Armas, quien interrogó al Ejecutivo sobre las medidas concretas para rebajar el número de maltratadores con dispositivos de seguimiento, actualmente el más alto -en términos relativos- del conjunto del Estado.
En su respuesta oficial, recabada a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, el Gobierno recuerda que el sistema de pulseras telemáticas nace de la Ley Orgánica 1/2004 y depende exclusivamente de la Administración General del Estado, tanto en su implantación como en su control operativo. El servicio es gestionado por el Ministerio de Igualdad mediante una empresa privada, con monitorización permanente desde el centro estatal COMETA, operativo las 24 horas del día.
392 pulseras activas y una tasa que sitúa a Canarias en el triste podio
Los datos oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, correspondientes a agosto de 2025, reflejan que en Canarias había 392 dispositivos activos, lo que supone el 8,6% del total nacional, pese al peso poblacional mucho menor del Archipiélago. La cifra representa además un incremento del 5,1% respecto a 2024.
En términos comparativos, la tasa de dispositivos por millón de mujeres mayores de 15 años coloca a Canarias en segundo lugar de toda España, solo por detrás de Andalucía. Un dato que, más allá del control judicial, evidencia la magnitud estructural del problema.
Prevención sí, intervención directa no
El Ejecutivo autonómico subraya que el Instituto Canario de Igualdad no tiene competencias para intervenir directamente con los agresores, una labor reservada al ámbito judicial y penitenciario estatal. Su actuación se centra en la prevención, la atención a las víctimas y el abordaje de las causas profundas de la violencia machista.
En ese marco, el Gobierno enumera una batería de líneas de trabajo ya en marcha: desde el desarrollo del Sistema Canario de Prevención e Intervención Integral contra la Violencia de Género hasta la ejecución de medidas del Pacto de Estado, campañas de sensibilización social, programas de coeducación, formación especializada y la promoción de masculinidades igualitarias.
Más pulseras no significan menos violencia
El mensaje de fondo que deja la respuesta parlamentaria es claro: el aumento de dispositivos no es sinónimo de mayor eficacia preventiva, sino el reflejo de un problema persistente que no se corrige solo con control tecnológico. Reducir el número de agresores -admite el propio Gobierno- exige políticas sostenidas, coordinación institucional y cambios culturales de largo recorrido.
Mientras tanto, Canarias sigue vigilando… pero también acumulando cifras que invitan a una reflexión más profunda sobre lo que aún queda por hacer.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por Gara Vega H. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
