La evolución de las rentas en el archipiélago durante las últimas dos décadas confirma un colapso del bienestar sin precedentes. Según datos cruzados del INE, la Agencia Tributaria y el Ministerio de Vivienda, el salario medio en las islas ha escalado de los 1.455 euros en 2005 hasta los 2.051 euros en 2025, un incremento nominal del 41 por ciento que la inflación y el alquiler han convertido en un retroceso real de la capacidad de compra del 20 por ciento.
La trayectoria salarial de Canarias es la crónica de un espejismo estadístico. En 2005, el salario medio bruto mensual se situaba en 1.455 euros (según la Encuesta de Estructura Salarial del INE); veinte años después, los datos definitivos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de noviembre de 2025 sitúan la media en 2.051 euros. Sin embargo, para mantener el mismo nivel de vida que a principios de siglo, un trabajador debería percibir hoy 2.480 euros brutos. Esa brecha de 429 euros mensuales es la riqueza que se ha evaporado por el camino debido a una inflación acumulada que en las islas supera el 55 por ciento en bienes básicos y suministros.
El factor determinante de este empobrecimiento es el mercado inmobiliario, que actúa como un drenaje masivo de la renta disponible. En 2005, el alquiler medio en zonas capitalinas como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife rondaba los 420 euros mensuales, consumiendo apenas el 28 por ciento del salario neto. En este abril de 2026, los informes de precios de mercado sitúan ese mismo alojamiento por encima de los 1.150 euros tras un encarecimiento del 12,8 por ciento solo en el último ejercicio. El resultado es demoledor: en 2005, a un trabajador le sobraban 1.035 euros libres tras pagar su techo; hoy, la cifra cae hasta los 900 euros, teniendo que enfrentar además una cesta de la compra que es, según el INE, la más cara de España. No ha habido evolución,
La fiscalidad termina de asfixiar al contribuyente a través de la «progresividad en frío«. Aunque el Gobierno de Canarias ha aplicado una deflactación del 2,06 por ciento en el tramo autonómico del IRPF para 2026 para evitar saltos de tramo injustificados por la inflación, el impacto es insuficiente. Un salario de 22.000 euros anuales en 2026 soporta una carga impositiva proporcionalmente mayor que en 2005, ya que los mínimos exentos y las deducciones no han seguido el ritmo real del IPC. Según informes de CCOO Canarias, la pérdida de poder adquisitivo acumulada solo entre 2019 y 2025 es del 5,18 por ciento, consolidando a la región como el escenario donde trabajar más horas garantiza, paradójicamente, una capacidad de ahorro cada vez menor.
