
Los Presupuestos de Canarias de 2026 aprobados en diciembre ya son un ejercicio de nostalgia contable ante la nueva realidad de Oriente Medio. Desde los principios activos de los medicamentos esenciales producidos en China hasta los pañales que utiliza un mayor en una residencia de Valverde, cada producto importado ya tiene hoy un precio radicalmente distinto al proyectado y eso está en las cuentas canarias que diseñó la consejera Matilde Asián (PP) y elevó al Parlamento de Canarias. El colapso de las rutas marítimas y el encarecimiento del transporte por la crisis de Irán han inyectado una inflación importada que vacía el poder adquisitivo de las cuentas públicas canarias, obligando a preguntarse si es posible gestionar la sanidad y la dependencia de 2026 con una ley diseñada para un mundo que dejó de existir hace apenas tres semanas.
El calendario legislativo y la realidad geopolítica han colisionado en el archipiélago con una fuerza imprevista. El Gobierno de Canarias dio luz verde a su Proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 en diciembre, bajo un marco de relativa estabilidad y con una hoja de ruta basada en un crecimiento del PIB del 1,9 %. Sin embargo, el estallido bélico en Oriente Medio este mes de marzo ha transformado aquel documento en un artefacto de otra era. Las previsiones de ingresos y gastos que sostienen los 12.491 millones de euros presupuestados se enfrentan ahora a una distorsión de precios y una crisis de suministro que amenazan con obligar al Ejecutivo a una modificación legislativa sin precedentes antes de cumplirse el primer semestre.
El plan de las cuentas actuales se diseñó sobre un precio del crudo y una inflación del 2,1 % que la guerra de Irán ha pulverizado en apenas tres semanas. El presupuesto de diciembre, calificado entonces de prudente, se apoyaba en una recaudación fiscal vinculada al consumo que hoy se tambalea por el encarecimiento de la energía. Con el petróleo asomándose a la barrera de los 200 dólares tras los ataques en la isla de Kharg, el tipo específico del 1 % en el IGIC para los combustibles —introducido precisamente para este ejercicio— se revela como una herramienta insuficiente para compensar la escalada de costes operativos que sufren los servicios públicos esenciales, prioritarios en el gasto de 813 millones adicionales previstos por Fernando Clavijo.
El desfase temporal entre la aprobación en diciembre y la realidad de marzo sitúa al archipiélago en un limbo normativo. Canarias optó por cumplir en tiempo y forma con su obligación constitucional mientras el Estado prorrogaba sus cuentas, pero esa misma diligencia ha dejado a la comunidad atada a una ley que no contempla un escenario de economía de guerra. La deflactación del IRPF y las mejoras en las deducciones por vivienda, pilares del alivio fiscal de 2026, pierden impacto real si el poder adquisitivo de las familias es devorado por una inflación de doble dígito impulsada por el colapso de las rutas comerciales atlánticas y el desabastecimiento de bunkering en los puertos.
La teoría de una modificación de la Ley de Presupuestos de 2026 cobra fuerza ante la imposibilidad de mantener el techo de gasto sin una senda de estabilidad clara por parte de Madrid. Si el crecimiento del 1,9 % se estanca por la crisis energética, los ingresos por IGIC caerán, abriendo una brecha en la financiación de la sanidad y la educación que el actual texto legal no tiene flexibilidad para cubrir. El Ejecutivo canario se enfrenta al dilema de gestionar con un presupuesto «zombi» o abrir el melón legislativo para adaptar la fiscalidad y el gasto a un mundo que, desde este mes de marzo, ya no se parece en nada al de diciembre.














