La Policía Autonómica de Canarias ha puesto el foco en un centro sociosanitario privado de Tenerife. Los agentes investigan la instalación de cámaras de videovigilancia en los dormitorios de las personas usuarias, entre ellas mayores y personas con discapacidad, sin que exista constancia documental del consentimiento ni de la información preceptiva. Un caso que podría constituir un delito contra la intimidad.
La actuación se inició tras detectar la instalación de estos dispositivos en habitaciones de personas mayores y con discapacidad que requieren especial protección. Los dispositivos permitían vigilar las actividades de la vida diaria que se desarrollaban en estos espacios privados, según ha podido confirmar este periódico a través de fuentes de la investigación.
Sin consentimiento ni información
Durante las actuaciones, los agentes constataron que la dirección del centro no disponía de documentación que acreditara expresamente el consentimiento de las personas usuarias o de sus representantes legales, ni el cumplimiento del deber de información sobre la instalación de estos dispositivos.

Estos hechos podrían suponer una vulneración del derecho a la intimidad y ser constitutivos de un delito recogido en el vigente Código Penal. La gravedad se acentúa al tratarse de personas especialmente vulnerables, como son los residentes de este tipo de establecimientos.
Colaboración entre consejerías
Esta intervención se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito entre las consejerías competentes en materia de Presidencia, Seguridad y Administraciones Públicas y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que establece la participación de la Policía Autonómica en las labores de inspección de los centros y servicios sociales.
Estas actuaciones permiten mejorar el control y la supervisión de los recursos asistenciales existentes en Canarias, entre ellos los centros residenciales, de día y de noche que atienden a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, prestando especial atención a la protección de sus derechos y garantías.
Un problema que afecta a Canarias
La investigación ha generado preocupación en el sector sociosanitario de las islas, donde la videovigilancia en espacios privados está sujeta a una estricta regulación. La instalación de cámaras en dormitorios de residencias requiere el consentimiento explícito de los residentes o sus tutores, así como una información clara sobre su finalidad y alcance.
Fuentes jurídicas consultadas recuerdan que la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Código Penal establecen sanciones severas para quienes vulneran la intimidad de las personas, especialmente en colectivos vulnerables. La Gobierno de Canarias ha reiterado su compromiso con la supervisión de estos centros.
- Hecho investigado: instalación de cámaras en dormitorios sin consentimiento documentado.
- Posible delito: vulneración del derecho a la intimidad recogido en el Código Penal.
- Colectivo afectado: personas mayores y con discapacidad en un centro privado de Tenerife.
- Marco de actuación: acuerdo entre consejerías para inspecciones de centros sociales.
Preguntas frecuentes
¿Qué está investigando la Policía Autonómica en Tenerife?
La Policía Autonómica de Canarias investiga a la dirección de un centro sociosanitario privado de Tenerife por la instalación de cámaras de videovigilancia en los dormitorios de las personas usuarias. Los agentes tratan de determinar si se vulneró el derecho a la intimidad de los residentes, entre los que hay personas mayores y con discapacidad. La investigación se inició tras detectar los dispositivos sin la documentación preceptiva que acredite el consentimiento informado. El caso podría ser constitutivo de un delito contra la intimidad recogido en el Código Penal.
¿Qué delito podría haberse cometido?
Los hechos podrían constituir un delito de vulneración del derecho a la intimidad, tipificado en el Código Penal. La instalación de cámaras en espacios privados, como son los dormitorios de una residencia, requiere el consentimiento expreso de las personas afectadas o de sus representantes legales, así como una información clara sobre la finalidad de la grabación. Al no existir constancia documental de ese consentimiento, la conducta podría ser delictiva. Además, la especial vulnerabilidad de los residentes, muchos con discapacidad, agrava la posible infracción.
¿Qué dice la ley sobre la videovigilancia en centros de mayores?
La legislación española, a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Código Penal, exige que la instalación de cámaras en espacios privados cuente con el consentimiento explícito de las personas afectadas. En el caso de residencias de mayores, es necesario informar previamente a los residentes o a sus tutores sobre la ubicación, finalidad y uso de las grabaciones. La videovigilancia en dormitorios está especialmente restringida y solo se permite en supuestos muy justificados y con garantías. El incumplimiento de estos requisitos puede dar lugar a sanciones administrativas y responsabilidades penales.
¿Cómo se puede denunciar una situación similar?
Cualquier persona que tenga conocimiento de una instalación de cámaras no autorizada en un centro sociosanitario puede denunciarlo ante la Policía Autonómica, la Guardia Civil o la Policía Nacional. También es posible dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, que tramita denuncias por vulneración de la intimidad. En el caso de Canarias, la colaboración entre las consejerías de Seguridad y Bienestar Social permite que la Policía Autonómica realice inspecciones de oficio. Los familiares de los residentes pueden solicitar información sobre la existencia de dispositivos de videovigilancia y exigir que se acredite el consentimiento.
¿Qué consecuencias puede tener el centro investigado?
Si se confirma la comisión de un delito contra la intimidad, la dirección del centro podría enfrentarse a penas de prisión y multas, según lo establecido en el Código Penal. Además, la Consejería de Bienestar Social podría abrir un expediente administrativo y adoptar medidas como la imposición de sanciones económicas o incluso la revocación de la autorización para operar. La investigación también podría derivar en responsabilidades civiles por daños morales a los residentes afectados. Por el momento, el centro no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.















