Y eso que tienen hasta una base militar de EE.UU.El Gobierno andaluz de Juanma Moreno Bonilla ha lanzado un pulso político a Madrid y Bruselas, exigiendo el reconocimiento oficial de Andalucía como «Frontera Sur de España y Europa». El objetivo es claro: equiparar su tratamiento y, crucialmente, su acceso a recursos, al que ya reciben territorios con estatuto especial como Canarias, Ceuta y Melilla, en la gestión de la presión migratoria.
Canarias, como Región Ultraperiférica (RUP), ya ha luchado y conseguido un trato diferenciado en la gestión migratoria, con la centralización de los flujos en el archipiélago y la subsiguiente derivación a la Península. Si Andalucía logra la equiparación, se abrirá un nuevo frente en la negociación con el Gobierno central sobre la distribución del peso migratorio y, más importante, de los fondos de la UE destinados a la gestión de fronteras exteriores.
Esta reclamación, formulada tras la petición del Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Migrante (FAIPOM), coloca a la Junta en una disputa directa por los fondos y la visibilidad de la política migratoria europea. La Junta argumenta que su posición geográfica —con más de 900 kilómetros de costa y a solo 14 kilómetros de África— la convierte en la principal puerta meridional de entrada a la UE por vía marítima, una realidad que genera un «impacto significativo en las labores de acogida y atención humanitaria».
El núcleo de la queja andaluza es la diferencia en la contabilidad y gestión de los flujos. El Ejecutivo de Moreno incide en que, mientras existen datos oficiales desagregados y específicos para las llegadas por vía marítima a Canarias, Ceuta o Melilla, la información relativa a las costas andaluzas a menudo se presenta de forma agregada.
Según la Junta, este oscurantismo estadístico «dificulta el análisis específico de esta realidad migratoria», impidiendo que las administraciones local y autonómica puedan «dimensionar correctamente los flujos de entrada y las necesidades de atención». En esencia, el reconocimiento oficial busca salir de la sombra estadística para justificar una mayor inversión estatal y comunitaria.
La demanda andaluza tiene profundas implicaciones para el Archipiélago canario. Desde la perspectiva de Sevilla, obtener el mismo estatus de «Frontera Sur» que Canarias —territorio que gestiona la dramática y visible Ruta Atlántica— significaría un reparto más equitativo de los recursos destinados a la acogida, la coordinación institucional y la planificación. En un momento de creciente presión migratoria en todas las rutas atlánticas y mediterráneas, esta maniobra de la Junta de Andalucía es vista como un intento de redefinir el mapa estratégico de la Frontera Sur española, forzando a la Moncloa a asumir que la presión migratoria no es un problema insular o exclave, sino una realidad compartida que requiere recursos equiparables en el sur peninsular.
