El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le acaba de dar un correctivo de manual a la Consejería de Transición Ecológica al anular una sanción estratosférica -600.001 euros- contra la cooperativa palmera La Prosperidad -vende aguacates y plátanos-. El motivo de la bofetada judicial no es una compleja carambola legal, sino algo mucho más sonrojante: la administración intentó multar a golpe de talonario ajeno y sin levantarse del sillón.
La Consejería recibió una denuncia por venta ilegal de combustible y, en lugar de enviar a sus propios inspectores -esos funcionarios que pagamos todos para vigilar la legalidad-, decidió dar por bueno un informe de detectives privados contratado por un particular. Es decir, el Gobierno de Canarias delegó su potestad sancionadora en el sector privado, elevando a categoría de verdad absoluta el relato de un investigador a sueldo del propio denunciante.
El TSJC ha tenido que recordarles algo que un detective privado no es un agente de la autoridad. Mientras que la palabra de un inspector público goza de presunción de veracidad, el trabajo de un detective es una simple prueba documental privada que debe ser contrastada y ratificada. La administración canaria, en un alarde de pereza burocrática, se ahorró el engorroso trámite de investigar por su cuenta y pasó directamente a la fase de emitir la factura.
Lo más preocupante no es solo la anulación de la multa, sino la señal de alarma sobre cómo se gestionan los expedientes en las islas. El tribunal es demoledor al señalar la falta de pruebas propias. Sancionar a una cooperativa con más de medio millón de euros basándose en sospechas compradas, sin que un solo funcionario pusiera un pie en el lugar de los hechos, no es una negligencia técnica; es un atropello a la presunción de inocencia.
Esta comodidad administrativa de dar por válido lo que otros investigan pone en riesgo la credibilidad de la administración. En un momento donde el sector primario en La Palma lucha por sobrevivir, encontrarse con una administración que dispara multas millonarias desde el despacho es lo último que necesitaban los agricultores de Tijarafe. Al final, la justicia ha dejado claro que para multar no basta con tener hambre recaudatoria; hace falta, como mínimo, una investigación que no venga con el membrete de una agencia privada.
