El autoconsumo fotovoltaico en Canarias ha crecido a un ritmo notable en términos relativos, pasando de 9 MW instalados en 2019 a más de 160 MW a finales de 2023, con Gran Canaria liderando la penetración con más de 76 MW. Pero la cifra, puesta en contexto, resulta modesta: el autoconsumo representa apenas el 10% de toda la generación renovable del archipiélago, en un sistema eléctrico que sigue dependiendo de combustibles fósiles importados para cubrir más del 80% de su demanda. El Gobierno de Canarias ha aprobado cuatro proyectos de autoconsumo fotovoltaico en infraestructuras viarias autonómicas en marzo de 2026, y mantiene abiertas líneas de subvención Next Generation por 30 millones de euros para autoconsumo compartido y descarbonización industrial.
Las ayudas directas alcanzan los 600 euros por kWp instalado, y el tratamiento fiscal es ventajoso: el IGIC sobre equipos fotovoltaicos se sitúa entre el 0% y el 3%, frente al 21% de IVA peninsular. Aun así, la penetración real sigue lastrada por los mismos factores que dificultan cualquier inversión productiva en territorio insular: tramitación administrativa lenta, cadena logística fragmentada y un parque de instaladores insuficiente. El autoconsumo debería ser la herramienta natural de soberanía energética en un archipiélago con más de 2.800 horas de sol anuales; que su avance dependa de ciclos de subvención pública y fondos europeos con fecha de caducidad sugiere que el marco regulatorio penaliza más de lo que incentiva la iniciativa privada.
