El Parlamento de Canarias ha aprobado este octubre a dos resoluciones clave de la Comisión de Relaciones con la Audiencia de Cuentas, relativas a la fiscalización de la actividad de control interno en siete ayuntamientos y cuatro cabildos insulares. Los informes, correspondientes al ejercicio 2021, confirman que persisten debilidades estructurales en los sistemas de supervisión financiera y gestión administrativa de buena parte de las corporaciones locales del Archipiélago.
La Cámara autonómica dio luz verde, mediante resolución publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias (n.º 347, de 31 de octubre de 2025), al informe 11L/IAC-0037, que evalúa la situación de los ayuntamientos de Santa Úrsula, Santa Cruz de La Palma, Tuineje, Yaiza, El Rosario, Santa Brígida y San Bartolomé de Lanzarote. En paralelo, aprobó también el informe 11L/IAC-0039, centrado en los cabildos de Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Ambas resoluciones, firmadas por el secretario general Salvador Iglesias Machado por delegación de la Presidencia, instan a las corporaciones afectadas a cumplir las recomendaciones formuladas por la Audiencia de Cuentas de Canarias, órgano fiscalizador que desde 2022 ha venido alertando sobre la falta de consolidación del control interno y la escasa dotación de medios técnicos y humanos en los entes locales.
El contenido de los informes es especialmente sensible en un contexto de expansión presupuestaria sin precedentes: los cabildos y ayuntamientos canarios gestionan en conjunto más de 3.000 millones de euros anuales, gran parte procedentes del Fondo Canario de Financiación Municipal y de los ingresos derivados del REF. Sin embargo, la capacidad de control sobre el gasto, la contratación y la rendición de cuentas sigue siendo desigual entre islas e incluso entre municipios de similar tamaño poblacional.
Según fuentes parlamentarias, la sesión celebrada el 20 de octubre de 2025 en la Comisión de Relaciones con la Audiencia de Cuentas puso de manifiesto la necesidad de reforzar la transparencia y el cumplimiento normativo local, especialmente en el uso de subvenciones, encomiendas de gestión y fondos europeos. “El Parlamento no puede mirar hacia otro lado ante la reiteración de observaciones que llevan años sin corregirse”, señaló uno de los portavoces asistentes al debate.
La publicación de estas resoluciones tiene además efectos de notificación oficial, conforme al artículo 197.8 del Reglamento del Parlamento, lo que implica que los ayuntamientos y cabildos mencionados están formalmente emplazados a adoptar medidas correctoras en sus procedimientos de control interno.
Con esta aprobación, la Cámara autonómica cierra el ciclo de revisión de los informes de la Audiencia de Cuentas relativos al ejercicio 2021, mientras se espera la presentación del nuevo paquete de fiscalizaciones correspondientes a 2022 y 2023, que incluirán por primera vez un análisis comparativo sobre la eficiencia del gasto público y la ejecución de fondos europeos Next Generation en Canarias.
