La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, afirmó este lunes en Arrecife que el archipiélago se encuentra “en absoluta soledad” frente al fenómeno migratorio y urgió a “enseñar a Europa y al mundo” la realidad que vive la región. Según señaló, Canarias necesita apoyo y una política común en materia migratoria tanto del Gobierno español como de las instituciones comunitarias. Pérez hizo estas declaraciones antes de participar en la reunión del grupo de trabajo sobre migración de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE), organismo que agrupa a 69 parlamentos regionales y que ella misma preside.
Como parte de esta jornada, el Castillo de San José acogió además la grabación de un videopodcast sobre migración, con la intervención de representantes institucionales -entre ellos el vicepresidente del Parlamento de Bruselas- y expertos en la materia. La presidenta del Parlamento defendió esta herramienta como un instrumento eficaz para amplificar el mensaje de Canarias y visibilizar que el archipiélago afronta “una situación difícil y muy complicada de gestionar en solitario”.
Pérez también hizo referencia al futuro Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista para mediados de 2026 y que, según explicó, reforzará el control de fronteras. Sin embargo, la presidenta advirtió de que Frontex “no está siendo un instrumento efectivo en España”, aunque reconoció que existe un compromiso para incrementar su presencia en la Ruta Atlántica. Asimismo, insistió en la necesidad de “reparto y solidaridad” entre los Estados miembros, subrayando que Canarias no puede seguir gestionando sola la llegada de adultos y, especialmente, de menores no acompañados.
En este sentido, recordó que el archipiélago tutela actualmente a más de 5.000 menores migrantes, de los cuales 1.000 están en proceso de asilo, una situación que supone “un sobrecoste importante” para la comunidad autónoma. Pérez confía en que el nuevo Pacto europeo aporte “soluciones reales” y permita establecer políticas compartidas que garanticen tanto un control eficaz de las fronteras como una migración ordenada. De lo contrario -advirtió-, la presión migratoria puede generar tensiones “en el estado del bienestar, la vivienda y otros ámbitos esenciales”.
Para la presidenta, las cifras explican la magnitud del desafío: “En 2017 llegaron a Canarias 427 migrantes; en 2024, 48.000”, algo que atribuyó a “un cambio en la política diplomática y migratoria” tras el cambio de Gobierno en España en 2018. El vicepresidente del Parlamento de Bruselas, Mohamed Ouriagli, coincidió en la necesidad de reforzar la solidaridad europea y recordó que la presión que soporta Canarias es “enorme”. En su opinión, esa cooperación debe traducirse no solo en control fronterizo, sino también en la distribución de los centros de acogida y en políticas que faciliten la convivencia y la integración.
