La arteria que prometía salvar la movilidad de Tenerife se ha convertido en un laberinto presupuestario que no deja de engullir dinero público. El Anillo Insular, la obra de ingeniería más ambiciosa del archipiélago, ha sumado un nuevo incremento de 21,5 millones de euros a su factura final. Este aumento, aprobado oficialmente por el Gobierno de Canarias a través de un segundo modificado del proyecto para el tramo entre El Tanque y Santiago del Teide, supone un encarecimiento del 8,9% respecto al contrato original.
La justificación técnica para este nuevo mordisco a las arcas públicas reside en la complejidad del Túnel de Erjos. Con sus 5,1 kilómetros de longitud, esta infraestructura no solo será el túnel de carretera más largo de Canarias, sino que ha requerido una actualización masiva de sus sistemas de seguridad y eficiencia energética. Según los informes de la Consejería de Obras Públicas, el sobrecoste se destinará a la instalación de una planta fotovoltaica y a mejoras ambientales que no estaban contempladas en el diseño inicial, elevando la inversión total del tramo por encima de los 263 millones de euros.
En cuanto al calendario, la paciencia de los tinerfeños volverá a ponerse a prueba. Aunque las previsiones más optimistas apuntaban a una apertura en 2025, la realidad administrativa y los retrasos en el revestimiento del túnel han desplazado la fecha oficial al primer trimestre de 2027. El calado de los dos tubos ya es una realidad, pero la integración tecnológica y los acabados finales de una obra de esta magnitud impiden cumplir con los plazos electorales previamente anunciados por el Ejecutivo canario.
Una herencia de pleitos y burocracia
Este retraso de casi dos años no solo es culpa de la dura roca del macizo de Teno, sino de una herencia de conflictos judiciales que ha lastrado el proyecto desde su nacimiento. La batalla legal entre la UTE liderada por FCC y la constructora OHL -que llegó a ganar la licitación inicialmente para ser luego descartada- obligó al Gobierno a realizar maniobras jurídicas y compensaciones para evitar la paralización total de las máquinas. Desde la óptica de los funcionarios consultados, este escenario es un ejemplo de cómo la judicialización de los contratos públicos puede asfixiar la ejecución de los convenios de carreteras.
El Anillo Insular se mantiene hoy como una obra crítica para descongestionar la TF-5, pero su gestión económica sigue bajo la lupa de los organismos de control. Con un presupuesto que no deja de escalar y un horizonte de finalización que parece alejarse cada vez que se acerca, la infraestructura es ya el mayor exponente de la complejidad de construir en una Región Ultraperiférica. La pregunta en los pasillos de poder no es ya cuándo se terminará, sino cuánto será el sobrecoste final cuando la primera guagua atraviese Erjos en 2027.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por Gara Vega H. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
