El Ejecutivo regional ha sacado el escudo del reparto de competencias para responder a la interpelación de Nicasio Galván (VOX) sobre la supuesta «cortina de desperdicios» que asfixia a las islas. En un ejercicio de equilibrismo político, la respuesta oficial evita el cuerpo a cuerpo sobre el estado real de las aguas y se refugia en un laberinto de planes estratégicos. Para el Gobierno, la solución al plástico no es un barco con una red, sino una montaña de folios que delimitan dónde termina la responsabilidad de Madrid, dónde empieza la de los Ayuntamientos y dónde la suya propia se diluye en el Atlántico.
La estrategia de la Consejería de Transición Ecológica es clara: si no puedes limpiar el océano mañana, promete una planta de vanguardia para pasado mañana. El Ejecutivo fía su credibilidad al Proyecto Plastic Energy en Tenerife, una suerte de alquimia moderna que pretende convertir el plástico sucio en aceite mediante craqueo térmico. Es la narrativa preferida de la administración actual: transformar una crisis ambiental en una oportunidad de negocio industrial, posicionando al Complejo Ambiental de Arico como el epicentro de una revolución tecnológica que, por ahora, convive con una Ley de Residuos que acumula el mismo polvo que los vertederos que pretende eliminar.
El arte de pasar la pelota al vecino
En este escenario, el Gobierno de Canarias se ha convertido en un experto en la «geometría de las culpas». Al recordar que la recogida de residuos en el litoral es estrictamente municipal y que lo que flota en alta mar es cosa del Estado, el Ejecutivo se queda en un cómodo limbo administrativo. Su papel se reduce a «autorizar vertidos» y «fomentar la sensibilización», una forma elegante de decir que, mientras las competencias sigan fragmentadas, la cortina de basura seguirá siendo un problema de todos y, por tanto, de nadie.
La «hoja de ruta» presentada como gran hito -el Plan de Acción de Economía Circular 2024-2026- llega con el aroma de las soluciones que se eternizan. Resulta casi poético que, para combatir una contaminación de dimensiones kilométricas, el Gobierno anuncie la creación de una «oficina técnica» para ayudar a los ayuntamientos. Mientras el plástico se degrada en micropartículas que entran en la cadena trófica, la burocracia autonómica se dedica a actualizar censos de vertidos y a diseñar incentivos fiscales para el compost, una respuesta de baja intensidad para un problema que la oposición califica de emergencia nacional.
El Ejecutivo se aferra al salvavidas de Bruselas con el proyecto ‘Circularocean’, una iniciativa de nombre sonoro y fondos FEDER que busca «generar conocimiento». Liderar la economía circular en la Macaronesia queda muy bien en los titulares de prensa internacional, pero poco soluciona al ciudadano que observa cómo el litoral se convierte en un catálogo de polímeros. Al final, la respuesta a VOX deja una lectura clara: en Canarias, antes de que desaparezca el plástico de las costas, habremos agotado antes todas las siglas de los programas de cooperación europea.
Noticia escrita por Gara Vega H. Editado y verificado por Pedro Marrero. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
