La Agenda 2030 -una fecha que ya no parece tan lejana- regresa al Parlamento de Canarias a raíz de una pregunta oral formulada por el diputado de Vox Nicasio Galván. La cuestión, dirigida a la Consejería de Transición Ecológica y Energía, planteaba si el Ejecutivo autonómico está poniendo los intereses de los canarios por delante de las exigencias derivadas de este marco internacional impulsado por Naciones Unidas.
El Ejecutivo regional es claro: su acción política se guía de manera prioritaria por la defensa del interés general de la ciudadanía del Archipiélago. Desde la Consejería se insiste en que todas las políticas energéticas y ambientales se diseñan teniendo en cuenta las singularidades geográficas, climáticas y socioeconómicas de Canarias, marcadas por la insularidad, la lejanía y la dependencia energética exterior.
El Gobierno canario defiende que la planificación estratégica en materia de transición ecológica responde a necesidades reales y presentes: reforzar la seguridad del sistema energético, mejorar la gestión de los recursos naturales, aumentar la resiliencia frente al cambio climático y convertir la transición verde en una oportunidad para generar empleo, bienestar y competitividad económica. El objetivo no es aplicar modelos ajenos, sino construir soluciones adaptadas a la realidad canaria.
Respecto a la Agenda 2030, la Consejería explica que se trata de un conjunto de orientaciones internacionales asumidas de forma voluntaria por los Estados y que actúan como referencia global. Sin embargo, su aplicación en Canarias -según el Gobierno- se realiza de manera adaptada, selectiva y proporcionada, incorporando únicamente aquellas medidas que contribuyen de forma directa y efectiva al progreso del Archipiélago. El Ejecutivo negó que este marco condicione la capacidad de decisión autonómica o limite el ejercicio de sus competencias.
La respuesta parlamentaria concluyó reafirmando que todas las medidas adoptadas por la Consejería de Transición Ecológica y Energía responden al «interés superior de Canarias» y a la responsabilidad institucional de garantizar un futuro más próspero y sostenible. Para el Gobierno, la transición energética y ecológica no es una imposición externa, sino una oportunidad para fortalecer la economía, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y proteger el patrimonio natural del Archipiélago desde una visión pragmática y centrada en las necesidades reales de los canarios y canarias.
Hoja de ruta: 17 objetivos
La Agenda 2030 es una hoja de ruta aprobada en 2015 por Naciones Unidas que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) orientados a mejorar la calidad de vida de las personas, combatir la desigualdad y proteger el medio ambiente. No es un marco jurídico obligatorio, sino un compromiso voluntario que sirve de referencia para las políticas públicas en ámbitos como el empleo, la energía, la educación o la cohesión social, dejando a cada territorio margen para adaptar sus medidas a su realidad económica y social.
Su aplicación depende de las decisiones de cada gobierno y de su capacidad para equilibrar sostenibilidad, crecimiento y bienestar. Por ello, la Agenda 2030 genera debate: mientras algunos la consideran una oportunidad para modernizar el modelo productivo, otros advierten del riesgo de aplicar sus objetivos de forma rígida, sin tener en cuenta las singularidades territoriales ni el impacto económico de determinadas medidas, especialmente en regiones con mayores limitaciones estructurales.
