El Gobierno de Canarias ha dado un paso relevante en la reforma de su política de vivienda pública con la aprobación, en Consejo de Gobierno, del proyecto de decreto que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y el nuevo régimen de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública. La iniciativa, impulsada por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, inicia ahora su tramitación formal con la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo de Canarias, paso previo a su aprobación definitiva.
El decreto establece un marco normativo único y homogéneo para todo el Archipiélago, con un Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de carácter obligatorio para quienes aspiren a acceder a una vivienda protegida de promoción pública. La medida pretende poner fin a la dispersión de criterios y procedimientos, reforzando la transparencia y la seguridad jurídica en uno de los ámbitos más sensibles de las políticas sociales autonómicas.
Uno de los cambios más significativos afecta al sistema de adjudicación de viviendas. El nuevo modelo abandona el sorteo como mecanismo principal cuando la demanda supera a la oferta y lo sustituye por un procedimiento basado en criterios objetivos de baremación. De este modo, el acceso se prioriza en función de la situación social, económica y familiar de las personas solicitantes, con especial atención a las unidades de convivencia con mayores dificultades para acceder a una vivienda digna en el mercado libre.
El texto normativo refuerza además los requisitos de arraigo y residencia en Canarias como elemento central del acceso a la vivienda pública. Para resultar adjudicataria de una vivienda protegida de promoción pública será necesario acreditar una residencia ininterrumpida en el Archipiélago de al menos diez años, o de quince años si dicha residencia ha sido interrumpida. A ello se suma la exigencia de residencia o vinculación laboral prolongada en el municipio donde se ubique la promoción, con el objetivo de garantizar que el parque público atienda prioritariamente a la población con arraigo efectivo en el territorio.
En el ámbito social, el decreto introduce una revisión al alza de los porcentajes de reserva para colectivos específicos. La cuota destinada a personas jóvenes se incrementa del 5 % al 20 %, la de personas mayores de 65 años pasa del 5 % al 10 %, al igual que la prevista para personas con limitaciones funcionales, mientras que el cupo reservado a víctimas de violencia de género se eleva hasta el 8 %. Este refuerzo de las reservas consolida el carácter social de la vivienda pública como herramienta de cohesión y protección.
La norma incorpora también, por primera vez, un régimen general de obligaciones para las personas adjudicatarias de viviendas de promoción pública, con el fin de asegurar un uso responsable y sostenible del patrimonio público. Se refuerza así el principio de que la vivienda protegida debe destinarse de forma efectiva a domicilio habitual y permanente, preservando su función social a largo plazo.
Otro de los avances destacados es la regulación específica de los anejos no vinculados, como plazas de garaje, que hasta ahora carecían de un procedimiento de adjudicación claramente definido. El decreto dota al Instituto Canario de la Vivienda de un instrumento jurídico claro para gestionar estos recursos conforme al interés general. Además, la norma moderniza las tipologías habitacionales al definir y regular por primera vez el uso de viviendas prefabricadas y modulares por parte de la Comunidad Autónoma.
Con este proyecto de decreto, el Ejecutivo autonómico da un paso decisivo en la actualización de su marco normativo en materia de vivienda, apostando por un sistema más transparente, equitativo y social, orientado a garantizar que los recursos públicos lleguen de forma prioritaria a quienes más lo necesitan en un contexto de creciente tensión en el acceso a la vivienda en Canarias.
