El transporte de mercancías en Canarias no es una actividad comercial al uso; es el sistema circulatorio que garantiza el suministro básico en un territorio fragmentado. Sin embargo, la gestión de sus costes sigue anclada en una inercia administrativa que roza el anacronismo. El Gobierno de Canarias ha vuelto a poner sobre la mesa una partida de 3,1 millones de euros destinada a subvencionar el movimiento de productos entre islas, una cifra que, tras décadas de repetición, se antoja más un trámite burocrático que una solución estratégica. La administración insiste en gestionar estos fondos mediante convocatorias anuales y concurrencia competitiva, tratando como una ayuda coyuntural lo que es una desventaja estructural inherente a la geografía del archipiélago.
El desglose presupuestario revela una jerarquía de prioridades que define la economía de las islas. De la partida total, 552.000 euros se reservan para mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea —fundamentalmente productos agrícolas y ganaderos—, mientras que el grueso de la subvención, 2,6 millones, se destina al resto de productos. El esquema de compensación aplica un 100% para los trayectos entre las islas capitalinas y las no capitalinas, pero reduce la ayuda al 50% en la ruta troncal entre Gran Canaria y Tenerife. Esta arquitectura financiera ignora que el sobrecoste no es una variable lineal, sino un impuesto oculto que encarece la cesta de la compra y resta competitividad a las empresas locales.
La paradoja de la doble insularidad
La realidad logística de El Hierro, La Gomera o La Graciosa desmiente la eficacia de estas transferencias. En estas islas, la «doble insularidad» no es un concepto retórico, sino un coste acumulativo. Cualquier mercancía que no sea producida localmente debe, por norma general, tocar puerto en una isla capitalina antes de su destino final. Este tránsito duplica la manipulación de carga, los tiempos de espera y las tasas portuarias. Los 3,1 millones anuales difícilmente cubren los costes financieros de estas escalas técnicas, dejando a los residentes de las islas menores en una posición de clara desventaja frente a los centros de consumo de Santa Cruz o Las Palmas.
A esto se suma la estructura del mercado naviero. Canarias opera en un régimen de competencia limitada donde un puñado de empresas controla las rutas estratégicas. Existe una sospecha razonable, compartida por organizaciones empresariales y consumidores, de que una parte significativa de las ayudas públicas acaba siendo absorbida por las tarifas de las navieras. En la práctica, el subsidio funciona como una transferencia de fondos públicos hacia las cuentas de resultados de los transportistas, sin que el alivio económico llegue de forma nítida al precio final que el ciudadano paga por un cartón de leche o un material de construcción.
El conflicto del Estado y la «trampa» del 100%
La actualización del escenario legislativo añade presión a esta crisis. En los últimos años, el debate se ha desplazado hacia la exigencia de que el Estado asuma el 100% de la compensación del transporte de mercancías con la península y entre islas, tal como se recoge en el Régimen Económico y Fiscal (REF). Sin embargo, el Ministerio de Transportes mantiene un pulso constante con el Ejecutivo regional sobre los «costes tipo». Si el Ministerio infravalora el coste real del flete para ahorrar presupuesto, la subvención del 100% se convierte en una entelequia: se financia la totalidad de un coste teórico que está muy por debajo del precio de mercado.
Las últimas movilizaciones de los sectores industriales y agrarios en 2025 y principios de 2026 han puesto el foco en los retrasos de los pagos. La administración autonómica acumula deudas con los operadores que asfixian su circulante, obligándoles a financiar de su bolsillo una política pública que debería ser inmediata. La falta de un sistema de compensación automática, similar al que disfrutan los residentes en sus billetes de avión, convierte el transporte de mercancías en un laberinto de facturas, auditorías y esperas que desincentiva la exportación interinsular.
Hacia un cambio de modelo
Mantener 3,1 millones de euros como placebo presupuestario es una decisión política que evita abordar el problema de fondo: el modelo logístico de Canarias es ineficiente por diseño. La dependencia absoluta de los puertos capitalinos obliga a un trasvase constante de carga que podría optimizarse con rutas directas o centros de distribución descentralizados, pero estas inversiones requieren una visión a largo plazo que la gestión anual de subvenciones no permite.
El Gobierno de Canarias se enfrenta al agotamiento de un sistema que ya no satisface ni a los productores ni a los consumidores. Si la insularidad es una condición permanente de la economía canaria, su tratamiento no puede seguir dependiendo de la publicación de un boletín oficial cada doce meses. El reto no es solo inyectar más dinero, sino transformar la subvención en un derecho subjetivo y automático que elimine definitivamente la frontera líquida que separa a los ciudadanos canarios de una igualdad económica real. Mientras esto no ocurra, los 3,1 millones seguirán siendo el precio que la administración paga por mantener la farsa de una cohesión territorial que solo existe en los discursos.















