Canarias finalizó el ejercicio 2025 con una potencia total instalada de 3.568 MW. La penetración de energías limpias en el mix regional se estancó en el 21 %, una cifra que contrasta con el 57 % alcanzado en el territorio peninsular. Durante el último año, la incorporación de energía solar al sistema apenas sumó 58 MW adicionales. La Consejería de Transición Ecológica defiende la seguridad jurídica del nuevo instrumento de planificación. El consejero Mariano Hernández Zapata (PP) y la viceconsejera Julieta Schallenberg, sin militancia conocida, sostienen que las ZAR excluyen los parques nacionales y la Red Natura 2000.
El Gobierno argumenta que el modelo integra variables ambientales, agrícolas y urbanísticas para ordenar un sector que carecía de herramientas efectivas. La reciente creación de una comisión técnica bilateral con Lanzarote para corregir errores técnicos en el plazo de un mes confirma la flexibilidad del plan inicial. El debate parlamentario determinará si el Ejecutivo mantiene la vía de la urgencia o si acepta las fórmulas de titularidad pública y protección del territorio que demandan las administraciones insulares en el flanco más expuesto de la Unión Europea.
Este escenario de dependencia fósil motiva el despliegue de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) por parte de la Consejería de Transición Ecológica y Energía. El Ejecutivo autonómico gestiona actualmente 95 millones de euros adjudicados para 48,33 MW fotovoltaicos en espacios antropizados. Además, la administración regional tramita la prórroga hasta 2028 de unos 600 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU para intentar cerrar la brecha de la descarbonización en el archipiélago.
El modelo de las ZAR ha provocado la insumisión administrativa de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura. Los presidentes Oswaldo Betancort y Lola García rechazan la ocupación de suelo rústico mediante la aceleración de trámites. Ambos dirigentes defienden la integridad de dos islas declaradas Reserva de la Biosfera donde el turismo aporta más del 35 % del PIB regional.
El manifiesto conjunto de las instituciones orientales exige el cumplimiento estricto de la Ley 6/2022 de cambio climático y la Ley 11/1997 del sector eléctrico canario. Reclaman la instalación prioritaria en cubiertas e infraestructuras existentes antes de comprometer el paisaje virgen. La identidad de sol y playa representa el activo económico principal y los cabildos exigen recuperar la última palabra en las autorizaciones territoriales para proteger este patrimonio.
