El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció en noviembre de 2025 un paquete de inversiones de 2.100 millones de euros para los puertos y aeropuertos de Canarias en el horizonte 2030-2031. El desglose revela una estructura que merece escrutinio: 1.500 millones corresponden a inversiones aeroportuarias canalizadas a través del DORA III de AENA, el documento regulatorio que fija tarifas y compromisos de inversión para el quinquenio 2027-2031, y 607 millones a los puertos de titularidad estatal, repartidos entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas (353 millones) y la de Santa Cruz de Tenerife (255 millones). Entre los proyectos portuarios destacan la finalización del dique de la Esfinge, el muelle adosado al dique Reina Sofía Sur en Las Palmas y el cierre del muelle de Ribera en Granadilla, actuaciones que suman 85 millones y que aún esperan aprobación del Consejo de Ministros.
El problema con las grandes cifras de inversión estatal es que tienden a oscurecer el origen real de la financiación. Los 1.500 millones de AENA no proceden de transferencias presupuestarias sino de los ingresos regulados del operador aeroportuario, es decir, de las tasas que paga cada pasajero que aterriza o despega en suelo canario. El DORA III contempla una subida media anual del 3,8% en las tarifas aeroportuarias, un incremento acumulado del 20,6% en cinco años que se traduce en 43 céntimos más por pasajero cada ejercicio. La Asociación de Líneas Aéreas ha advertido de que esta espiral tarifaria podría reducir la oferta de asientos hacia las islas, un fenómeno que ya se ha materializado: las aerolíneas recortaron un 6% las plazas desde la Península en enero de 2026 y un 10,4% en febrero, lo que equivale a 53.485 asientos menos. En cuanto a los 607 millones portuarios, el propio modelo de Puertos del Estado funciona con autonomía financiera, lo que significa que la inversión se financia con las tasas portuarias y la actividad comercial, no con cargo a los Presupuestos Generales. El Estado anuncia inversiones millonarias, pero el contribuyente y el viajero canario son quienes firman el cheque. La diferencia entre inversión pública y autofinanciación regulada es la distancia que separa un titular político de la letra pequeña del pliego.
Fuente: Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España
