El Parlamento de Canarias avanza en la tramitación de la Proposición de Ley de Accesibilidad Universal tras acordar la Mesa de la Cámara la apertura del plazo para presentar enmiendas a la totalidad. El periodo estará disponible hasta el 22 de diciembre de 2025, fecha límite para que los grupos parlamentarios puedan plantear alternativas o solicitar la devolución del texto al Gobierno. La iniciativa, cuya relevancia afecta a toda la estructura social y administrativa del Archipiélago, continúa así su recorrido legislativo después de haber pasado por la Comisión General de Cabildos Insulares.
La futura ley aspira a convertirse en el marco normativo de referencia en materia de accesibilidad en Canarias, un ámbito que abarca desde espacios públicos y transportes hasta servicios, tecnologías y procedimientos administrativos. La Mesa ha subrayado que el texto se someterá a una revisión profunda, acorde con los principios recogidos en el Reglamento del Parlamento, antes de pasar a la fase de enmiendas al articulado y al debate en comisión.
Uno de los aspectos destacados de esta tramitación es la incorporación de la participación ciudadana. La Mesa ha acordado abrir un proceso específico para que la ciudadanía pueda contribuir con aportaciones y opiniones, que se activará con la publicación oficial del plazo de enmiendas al articulado. Esta fase se canalizará a través de la plataforma institucional del Parlamento de Canarias, donde cualquier persona podrá presentar propuestas de mejora del texto. El Parlamento reforzará la difusión de este proceso a través de su web y redes sociales.
El acuerdo de la Mesa también dispone la difusión pública del inicio del proceso participativo, así como la remisión del documento a los grupos parlamentarios, al Gobierno, a la diputada no adscrita y al Servicio Jurídico. El objetivo es garantizar la máxima transparencia y asegurar que todas las instituciones implicadas puedan realizar un seguimiento completo de la evolución de la iniciativa legislativa.
La Proposición de Ley de Accesibilidad Universal de Canarias representa un paso significativo hacia la adaptación del archipiélago a los estándares nacionales e internacionales en materia de inclusión. Su tramitación, aún en una fase inicial pero con participación activa de agentes institucionales y ciudadanía, marca el inicio de un debate clave para el futuro de los derechos y la igualdad de oportunidades en las islas.
