El ecosistema de innovación en Canarias vive una paradoja administrativa que el propio Gobierno ha calificado de insostenible. Según el informe PO/C-5484, el marco legal que debería impulsar la tecnología en las islas, el Decreto 21/2014, presenta una «clara obsolescencia». Tras doce años de vigencia, la normativa no solo no refleja la realidad de los parques activos, sino que mantiene estructuras que en la práctica han dejado de ser eficaces para la atracción de proyectos de I+D+i.
El dato más revelador de esta desidia burocrática es que la Red de Espacios y Parques Tecnológicos de Canarias (REPTeCan) «carece hasta la fecha de un Reglamento de Funcionamiento propio». Esta ausencia de normas básicas ha impedido una gobernanza ágil, dejando a los centros tecnológicos en un limbo operativo donde conviven categorías de espacios y órganos de gestión que, según admite el Viceconsejero Víctor Tomás Chinea, han perdido toda su utilidad real.
El plan de rescate: 2026 como año de validación
Ante este escenario, el Ejecutivo ha diseñado una hoja de ruta que divide la solución en dos etapas. Tras un 2025 dedicado al diagnóstico, se espera que este 2026 sea el año de la «fase operativa». El objetivo es realizar una poda administrativa para eliminar los elementos ineficaces y simplificar la estructura de la Red, buscando por fin un modelo que sea «ágil, transparente y sostenible» para las empresas y centros de investigación.
Un punto crítico del informe es la intención de diseñar programas para la «captación y retención de profesionales altamente cualificados». El Gobierno pretende fortalecer los denominados «nodos especializados» para posicionar a Canarias como un referente internacional aprovechando su ubicación estratégica. Sin embargo, el éxito de esta medida dependerá de que la nueva normativa logre, efectivamente, facilitar la transformación tecnológica de la región más allá del papel.
Finalmente, la estrategia para este año incluye la creación de una red de vigilancia y seguimiento que permita evaluar si los cambios normativos surten efecto. Con este proceso de «validación participativa», el Gobierno espera cerrar una década de estancamiento legal para que los parques tecnológicos dejen de ser un concepto estático en un decreto antiguo y se conviertan en motores reales de la economía canaria.
